Quintero y Puchuncaví, donde las empresas violan los Derechos Humanos

26 Sep 2018

Quintero y Puchuncaví, donde las empresas violan los Derechos Humanos[1]

Fernando Astudillo Becerra[2].

Los sucesos de contaminación industrial en las comunas de Quintero y Puchuncaví, vuelven a la noticia cuando reaparecen las intoxicaciones en la comunidad, y hace  imprescindible que en Chile se abra un espacio  explícito de reflexión y acción sobre derechos humanos en el mundo empresarial. 

Los empresarios parecen insensibles frente al dolor, ¿qué esperan, que se repitan en Chile catástrofes como la de Union Carbide en Bhopal (India) en 1984, la que provocó la muerte de miles de personas ( y la enfermedad de casi 200.000 personas) al producirse el escape de una sustancia tóxica. 

Las empresas y los empresarios ya no pueden cegarse frente a las condiciones de explotación en que trabajan personas en fábricas y plantaciones, las injusticias causadas por las industrias extractivas, la objetiva restricción de las libertades de asociación, el sufrimiento de los pueblos indígenas que ven como sus tierras y territorios les siguen siendo arrebatados.

Pero también, el hecho de que las actividades empresariales y bancarias tienen efectos en la situación de los derechos humanos de la vida cotidiana, y no sólo en las situaciones de conflicto o de flagrante violación. 

Todo este conjunto de violaciones claras, patentes, obligan a hacer una doble afirmación. 

Las empresas y los empresarios también son responsables de la protección de los derechos humanos, no lo es sólo el Estado. Consecuentemente, la contaminación ambiental es una expresión de ello. 

En este punto la Declaración Universal de los Derechos Humanos  deja muy claro que son sujetos de derechos humanos todos los miembros de la familia humana, y también quiénes son los responsables de proteger y promover estos derechos. Su protección es sin duda responsabilidad de los Estados y también de los “individuos e instituciones”, quienes deben hacerlo mediante la educación y otros medios. 

Como ya lo mencionamos, las empresas y las entidades financieras  están obligadas a respetar y promover la defensa de los derechos humanos. Precisarlo es de la mayor importancia, porque si las empresas no llevan a cabo esta tarea, están en juego derechos humanos de las tres generaciones: desde el derecho a la vida (en casos como el de Quintero y Puchuncaví), el precio de los alimentos y tantos otros; pasando por la libre expresión de quejas, la libre asociación, la no discriminación, el salario digno para mantener una familia, la no explotación infantil, ni de adultos, hasta el derecho al desarrollo. 

Y conviene no olvidar que no hay voluntariedad en el respeto a los derechos humanos, las empresas no están autorizadas a violarlos en ningún lugar del mundo, ni pueden permitir que los violen sus socios con su actividad o con las consecuencias de sus actividades. 

En un mundo globalizado, en el que existe una gran asimetría entre los movimientos económicos y la capacidad moral y legal de controlarlos, se corren graves riesgos si existen vacíos legales, si el Estado y las empresas no asumen su rol de respeto de los derechos humanos y en definitiva permiten un doble estándar.

Así, en los  países en desarrollo miden con una vara más laxa los contaminantes y con otra más estricta, en los mal llamados países desarrollados. Más todavía, cuando el respeto a los derechos humanos supone el reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos y la prohibición de su violación en cualquier lugar de la tierra. 

Por supuesto que no se trata de satanizar a la industria, sino entender el desarrollo como un derecho fundamental en el que las personas viven  en  un medio ambiente sano, equilibrado ecológicamente, que pone su centro en el ser humano y la comunidad, que se entiende como un bienestar no sólo material, que no puede desligarse de la responsabilidad con la salubridad y con el cuidado del medio ambiente, para el respeto la vida de las personas. 

En Quintero y Puchuncaví, la comunidad reclama de las empresas y del Estado, el respeto de  sus derechos humanos. 

[1]  Originalmente publicado en Cooperativa: Opinión Medio Ambiente el 24 de septiembre de 2018. 

[2] Integrante del equipo de Relaciones Internacionales IC, abogado, Magister en Derecho Público y Doctor (c) en Derecho de la Universidad de Valparaíso. Columnista de “Cooperativa”. 

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