Un poco de verdad para Venezuela

10 Ago 2017

Fernando Astudillo Becerra (hijo de Alberto y Mercedes),[1] nos comenta con claridad y síntesis sobre la legalidad del proceso revolucionario de esa hermana nación

Un poco de verdad para Venezuela

La convocatoria a una Asamblea Constituyente

Venezuela está en el ojo del huracán, la convocatoria, la elección y posterior  instalación de la Asamblea Constituyente ha dado lugar a múltiples expresiones de diversos Estados que entre otras cosas han señalado que en Venezuela se ha vulnerado el estado de derecho y la democracia.

Los medios de comunicación , a lo menos los que nos informan en Chile, callan las innumerables muestras de apoyo al proceso constituyente venezolano, de parte de más de 53 estados miembros de la ONU, del mismo modo callan las multitudinarias muestras de expresión del pueblo venezolano que respalda el proceso Constituyente y así, parcelan peligrosamente la verdad.

Este comentario no pretende hacer un análisis de todo el proceso político de Venezuela, sólo busca dejar sentado que es falso cuando se señala que a través de la Asamblea Constituyente se vulnera la democracia y la propia institucionalidad del Estado Bolivariano de Venezuela, ya que el Presidente Maduro habría actuado fuera de la legalidad y de la institucionalidad, al convocar a una Asamblea Constituyente.

Vamos por parte:

¿Tiene facultades el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para convocar a una asamblea constituyente?

La respuesta es que sí posee esa facultad, está expresamente señalada en la primera parte del artículo 348 de la CPRBV[2] que dice:

Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.”

Pero no solo el Presidente tiene esa facultad, también la tiene:

  • La Asamblea Nacional, con acuerdo de dos tercios de sus integrantes, Los consejos Municipales en cabildo mediante el voto de dos tercios de los mismos.
  • El 15% de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral.

El Presidente Maduro, en uso de sus facultades, ha convocado a la Asamblea Constituyente, luego de tomar la decisión en Consejo de Ministros; plenamente ajustado a la norma constitucional.

Por ello, no se entiende mucho la posición de la ex fiscal nacional la Sra. Luisa Ortega, quien reclama la supuesta inconstitucionalidad del acto, cuando éste se ajusta expresamente a la norma constitucional recién transcrita.

Tampoco se entiende que la oposición, autodenominándose como mayoría nacional -¿no nos han dicho todos los medios de información y los propios dirigentes opositores que en la Asamblea Nacional hay una aplastante mayoría opositora?- no hayan explorado por ejemplo este camino, para resolver en forma pacífica e institucionalmente, el problema político que aqueja a Venezuela, ya que la Constitución le permite, cumpliendo con los requisitos, solucionar a través de este mecanismo el conflicto que se vive en ese país hermano y que es de fondo, ya que tiene que ver con la concepción de sociedad y la forma de organizarla que expresa la CPRBV.

Con propiedad se puede decir que, cuando la prensa internacional y algunos Jefes de Gobierno y Cancilleres de Estados Americanos señalan que la convocatoria a una Asamblea Constituyente es un atentado a la propia institucionalidad venezolana, vulnera la soberanía popular y la democracia, -¿cómo decirlo en forma elegante?-, a lo menos cometen un grave e imperdonable error.

Una cosa es no estar de acuerdo con la oportunidad y la razón que motivó esa convocatoria, y algo muy distinto es calificar, por estos hechos y sus derivados, al Gobierno de Maduro como una dictadura. Tema al que me referiré en otro comentario.

 

[1] Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Bolivariana; Magister en Derecho Público de la Universidad de Valparaíso, Doctor (c) en derecho de la Universidad de Valparaíso.

[2] En adelante Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela.

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